ProBAR fue fundado en 1989 como proyecto del American Bar Association (el colegio nacional de abogados estadounidenses – ABA, por sus siglas en inglés), AILA-Nacional (la asociación legal de abogados de inmigración en Estados Unidos), y el colegio de abogados de Texas en reacción a la necesidad urgente de servicios legales de inmigración en el Valle del Río Grande. En ese momento, miles de centroamericanos huían de la violencia en sus países para buscar protección en los Estados Unidos. En esa época, el equipo de ProBAR solo consistía de un coordinador pro bono y una asistente legal quienes identificaban a clientes potenciales y los conectaban con abogados pro bono localizados provenientes de muchos lugares del país. Nuestro equipo ha crecido exponencialmente para poder satisfacer la demanda de los servicios de inmigración en nuestra región.

Unos activistas demandaron al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) en 1984 por las condiciones de detención en las que mantenían a los niños migrantes. El Acuerdo Judicial de 1997 creó una preferencia para la liberación de los niños en detención; un requisito para que los niños fueran detenidos en un entorno lo menos restrictivo posible; y un mandato al gobierno obligándolo a implementar estándares relacionados al cuidado y trato de los niños detenidos.

ProBAR fue tan sólo uno de tres proveedores de servicios legales que inauguraron el programa sobre los derechos legales en el centro de procesamiento de Port Isabel (PISPC, por sus siglas en inglés) en Los Fresnos, Texas. Al finalizar el programa de prueba de 90 días, ProBAR siguió de forma regular dando presentaciones de “Conozca sus Derechos” a los individuos en PISPC. Las presentaciones fueron hechas por una becada de la Asociación Nacional de Derecho de Interés Público (ahora llamada Equal Justice Works) y luego, por parte de los empleados de ProBAR.

ProBAR recibió un segundo becario de la Asociación Nacional de Derecho de Interés Público. Esta persona desarrolló un proyecto para servir a los niños no acompañados. Previo a eso, ProBAR había representado a los niños no acompañados en custodia de INS, pero este programa dejó un plan para expandir los servicios específicos a las necesidades de los niños no acompañados.

Al completar el plan inicial de desarrollar los servicios para los niños no acompañados, ProBAR inició su Proyecto de apoyo a los niños inmigrantes en el 2003. Este año se pone en práctica, a nivel federal, la transición de la custodia y el cuidado de los niños no acompañados del INS a las de Oficina de Reasentamiento de Refugiados de los Estados Unidos (ORR, por sus siglas en inglés).

ProBAR empieza a dar orientación legal a los adultos detenidos, subcontratado por la Universidad de Norwich. El programa de orientación legal es una iniciativa de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), lo cual busca mejorar la eficiencia judicial y asistir a los adultos detenidos por ICE para que tomen decisiones informadas sobre sus casos. Al principio, ProBAR brindó servicios LOP en el centro de Port Isabel, y luego expandió sus servicios a los adultos detenidos en el centro de detención de East Hidalgo, y finalmente también en el centro de detención El Valle.

ProBAR fue creado como proyecto de AILA, el colegio de abogados de Texas y la ABA en el año que se fundó, en 1989. En 2007, todos los empleados de ProBAR pasaron a ser empleados de ABA, y desde entonces la ABA ha administrado el proyecto ProBAR.

La Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA, por sus siglas en inglés) fue aprobada por el Congreso en 2008, y fortaleció las leyes federales de trata de personas. Agregaron estipulaciones que gobiernan los derechos de los niños no acompañados que entran en los Estados Unidos, incluso su derecho de consejo legal y el establecimiento de servicios de apoyo infantil.

ProBAR empieza a dar servicios LOPC como socio local de CLINIC. Como programa de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, LOPC quiere informar a los patrocinadores, quienes cuidan a los niños no acompañados ya liberados de la custodia de ORR, sobre el proceso legal migratorio, proteger a los niños del abuso o explotación, y aumentar la frecuencia de asistencia de corte entre los niños no acompañados. Los servicios LOPC de parte de ProBAR se enfocan en los patrocinadores de los niños que viven fuera de las áreas metropolitanas donde las orientaciones legales se dan en persona.

Durante el verano del 2014, un aumento de decenas de miles de niños que viajaban solos llegó al Valle del Río Grande. El trabajo de ProBAR cambió drásticamente debido a la llegada repentina, y el Proyecto Infantil de ProBAR recibió un premio Pro Bono en 2015 del colegio de abogados de Texas por su “sobesaliente contribución a la garantía de los más necesitados al sistema legal” debido a su respuesta a las necesidades de los niños no acompañados durante el 2014.

Durante la política de “cero tolerancia” que empezó en el 2017 y se expandió en el 2018, más de 5.500 niños migrantes fueron separados de sus padres tras cruzar juntos la frontera estadounidense. La crisis de la separación de familias fue especialmente aguda entre la fecha del anuncio oficial del 6 de abril del 2018 y el 26 de junio del 2018. Tras esta fecha la corte federal emitió una orden mandando al gobierno que dejara de separar y obligara a reunificar a las familias en seguida. Se estima que al menos 1.900 niños fueron separados entre las fechas del 18 de abril y el 31 de mayo. Nuestro personal trabajó con esmero para proveer sevicios legales a las familias separadas, y ProBAR reunió el apoyo de más de 90 abogados voluntarios que respondieron a las necesidades de los padres separados y detenidos en el Valle del Río Grande.

El personal de ProBAR reconoce desde hace bastante tiempo que los individuos que servimos encaran necesidades urgentes de servicio social que hay que resolver para que puedan lidiar con éxito su caso legal. En el 2018, ProBAR contrató a su primer trabajador social con el apoyo de la Fundación Lumos. El equipo aumentó en el 2019 y fue integrado formalmente a los programas de ProBAR.

En diciembre del 2018, el departamento de Seguridad Nacional anunció los Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como “la política de Quedarse en México”, lo cual permite que el gobierno de EEUU regrese a los individuos que cruzan la frontera con México para buscar asilo y les obligue a esperar fuera de los EEUU durante su procedimiento de inmigración. La política se implementó primero en el Valle de Río Grande en julio del 2019, y ProBAR respondió creando un programa específico para dar representación e información a los que fueron afectados por el programa.

En marzo del 2020, el Centro por la Prevención y Control de Enfermedades y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron mandatos que efectivamente suspendieron la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo en la frontera de México con los Estados Unidos. Para principios de septiembre, el gobierno reveló información indicando que ya habían expulsado más de 159.000 personas, incluyendo aproximadamente 8.800 niños no acompañados en la frontera del sur.